Misión Imposible
Como Ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, sacó en medio de una fuerte oposición una de las reformas más profundas para enderezar las finanzas públicas luego de la crisis de finales de los 90s: La reforma de transferencias.
El 21 de abril de 2001 hacia las once de la noche en el Hotel Dann de Medellín, Juan Manuel Santos, Ministro de Hacienda y Crédito Público, logró lo que parecía imposible: que los más de mil alcaldes del país le firmaran una carta de respaldo a un proyecto para desligar los ingresos de estos entes territoriales de los ingresos corrientes de la Nación: la llamada Reforma a las Transferencias Territoriales.
Esto era el resultado de más de seis meses de trabajo recorriendo todo el territorio nacional convenciendo prácticamente a mandatario por mandatario de que esta era la única forma de controlar el creciente e insostenible déficit fiscal del país – que bordeaba el 6% al iniciar el Gobierno Pastrana- y devolverle la viabilidad a nuestra economía luego de la crisis financiera y económica de 1998-99.
Como lo reportó la prensa, la posición de los alcaldes frente al proyecto era bastante dura, por considerarlo como un recorte a los dineros que el Estado central les giraba a los departamentos y municipios. Por eso, en el Consejo Ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios en Medellín, se presentó un conato de rebelión de los mandatarios locales, que se conjuró después de 12 horas en esa última jornada, hasta que a las once de la noche se consiguió un compromiso formal de preacuerdo. Se entregó una garantía para que los recursos que se destinaban a la educación y la salud no sufrieran un descenso, si por alguna circunstancia la economía del país sufre un estancamiento, afirmó el ministro Santos.
Sin embargo, fue tan solo el inicio de un difícil camino pues por ser una reforma constitucional requirió ocho debates en el Congreso y nuevas e innumerables discusiones en todas las regiones donde “nos dieron palo y toco explicar nuevamente que no era un retroceso al proceso de descentralización y que no se afectaría la inversión en las regiones. Era una cuestión de sostenibilidad de la economía y de estabilización de los ingresos de las regiones”, recuerda Juan Carlos Echeverry, Director del Departamento Nacional de Planeación DNP en ese entonces, quien agrega “hasta ese momento por cada peso que necesitábamos tocaba conseguir dos, pues tocaba transferir alrededor de la mitad (46,5%) a las regiones”
La oposición del Polo Democrático así como de sindicatos de sectores que se sentían afectados como salud y educación fue tremenda hasta el final. De hecho, durante la última sesión del octavo debate, más un año después de aquella noche en Medellín, la reforma casi se hunde.
El ambiente era muy tenso, cientos de manifestantes de Fecode y del sector salud durmieron durante tres días en la Plaza de Bolívar y desde allí lanzaban insultos a los Congresistas que apoyaban la reforma. Hay que recordar que la votación fue nominal.
A las 10 de la noche del último día de votaciones, el Senador liberal Víctor Renán Barco preparaba diez proposiciones cuya sola presentación habría acabado con año y medio de trabajo. Echeverry prácticamente de rodillas al lado de su curul le rogaba que no las presentara todas y logró negociar con él que solo presentará cuatro. Entre estas se hallaba el que la reforma no fuera permanente sino aplicable sólo por 10 años, lo cual significaba hacer nuevamente todo el trabajo otra vez. Echeverry le informó a Santos quien le dijo: “pues toca volverla a discutir en diez años.” Echeverry agregó: “cuándo usted sea presidente.” Y Santos ripostó: “y cuando usted sea ministro.” Curiosamente se ratificó esta reforma en 2008, bajo el mandato del presidente Uribe, uno de los opositores originales a la misma. Estudios han demostrado que esta fue la más profunda reforma fiscal de l último cuarto de siglo, esencial para el saneamiento de las finanzas públicas y para aumentar las coberturas en salud y educación.
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